11º Informe Educación para Todos

El programa “Educación para todos” nació en 1990, cuando tuvo lugar la Conferencia Mundial sobre Educación para Todos en la que se pretendía universalizar la educación primaria y reducir de manera drástica el analfabetismo antes de que terminara el siglo. La comunidad internacional reunida en Tailandia firmó una Declaración en la que se reflejaba “la preocupación [..] por las insuficiencias de los sistemas de educación en todo el mundo y […] la vital importancia de la educación básica para el progreso social”.

Los gobiernos de los más 155 países allí reunidos se comprometieron a garantizar el acceso de todos los niños a una educación primaria de calidad, a velar porque tanto jóvenes como adultos pudieran satisfacer sus necesidades de aprendizaje y a suprimir las diferencias de género en la enseñanza, entre otras cosas. Una década más tarde y ante la evidencia de que muchos países estaba aún lejos de alcanzar los objetivos acordados , la UNESCO estableció un marco de acción (Marco de Acción de Dakar) para universalizar la educación en el año 2015. A apenas doce meses del cumplimiento del plazo fijado, el resultado del último informe de seguimiento publicado por la UNESCO es demoledor. Sus conclusiones deberían alertarnos, no sólo porque 57 millones de niños todavía sigue sin tener acceso a la educación, sino porque la mala calidad de la misma es uno de los problemas más críticos a los que nos enfrentamos.

Los expertos de Naciones Unidas creen que la calidad de un sistema educativo es equivalente a la de sus docentes y que cuando estos reciben el suficiente apoyo, la calidad de la educación mejora inevitablemente. En el informe apuntan cuatro estrategias que pueden llevarse a cabo con el fin de conseguir a los mejores docentes: deben reflejar “la diversidad de niños a los que va destinada su enseñanza” y tienen que “estar capacitados para apoyar a los niños más rezagados desde los primeros grados”.

La UNESCO insta a todos los gobiernos a “invertir en educación como acelerador del desarrollo” ya que “en esta etapa, los gobiernos no pueden sencillamente darse el lujo de reducir la inversión en educación”.

Por otro lado, se debe destinar a los profesores más capacitados “a las zonas más problemáticas de un país” y los gobiernos deben ofrecer a este colectivo una “combinación acertada de incentivos para que no abandonen la docencia”.

En el informe también se subraya que la responsabilidad no está sólo en manos de los docentes, sino que es necesario que los gobiernos elaboren unos planes de estudios racionales y conciban estrategias de evaluación que mejoren la enseñanza y el aprendizaje, políticas que tienen un costo evidente.