La reforma que afecta a la ciudad afecta a los ciudadanos

La última versión de la Ley para la Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, con fecha de 15 de julio de 2013, elimina la responsabilidad de la prestación de servicios sociales a los municipios, más allá de los estrechos márgenes de la “evaluación e información de situaciones de necesidad y la atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social”.

La Ley 27/2013 Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local va a afectar a los más de 8.000 municipios que existen en la actualidad, produciendo un cambio en la anterior legislación Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local (LRBRL). Al margen de las consideraciones legales y los cambios que se produzcan en su entrada en vigor durante 2014, desde UNICEF queremos poner en valor a los más de 8.000 municipios españoles que han desarrollado en los últimos 30 años inversiones en infraestructuras y servicios relacionados con el bienestar social como escuelas infantiles, servicios de atención temprana, escuelas de padres, programas de prevención y otras muchas con el fin de mejorar el bienestar y el desarrollo de  su población. Queremos resaltar también que los pueblos y ciudades son “escuelas  de ciudadanía” para solucionar los problemas de las personas, acercarse a sus inquietudes y necesidades y comprender la importancia de los servicios públicos que se prestan en beneficio de los ciudadanos incluido los niños y las niñas que habitan los barrios, distritos, parroquias y pedanías de cada uno de los Gobiernos locales. Nuestra democracia está en deuda con el trabajo que los gobiernos locales han ido desarrollado en estos años, tanto en el desarrollo y crecimiento de la sociedad, como en su capacidad para mejorar el bienestar de los ciudadanos, gracias a la mayor proximidad a sus necesidades, al conocimiento de sus realidades y a su capacidad de escuchar sus opiniones. Debemos tener en cuenta que se trata en muchos casos de servicios que resultan esenciales, precisamente para los colectivos más desfavorecidos, que afrontan obstáculos de distinto tipo (coste, distancia, etc.) para acceder a alternativas privadas, si las hay, de escolarización infantil, ocio y tiempo libre, refuerzo educativo, etc. Más allá por tanto de la estricta reforma legislativa, se hace necesario garantizar el máximo compromiso político de las distintas administraciones públicas con el objetivo de no reducir los servicios que actualmente se prestan si esto perjudica a los ciudadanos, especialmente a los grupos más vulnerables. Al contrario, la mejor organización y gestión de las distintas competencias debería hacer posible su continuidad en condiciones de mayor eficiencia, dejando margen para reforzar aquellos ámbitos en los que las actuales circunstancias económicas hagan necesaria una mayor intervención.

Ante la crisis proponemos Alianzas. 

up2_ruta_GArandaLa profunda crisis económica y el significativo impacto que está teniendo en los niños y en las familias de toda Europa nos obligan a dar un nuevo impulso a las políticas locales para la infancia y la adolescencia. Ante esta realidad hay que actuar ahora con mayor determinación, promoviendo la colaboración entre las administraciones públicas, asociaciones, partidos políticos, sindicatos, sector privado, etc. De esta forma se podrán crear alianzas eficaces para lograr una sociedad unida, igualitaria, que ofrezca una mayor seguridad, protección y empoderamiento de los ciudadanos, especialmente a niños y jóvenes, así como a las familias en riesgo de exclusión en su conjunto.

 

El objetivo fundamental de estas alianzas sería luchar contra la pobreza y la vulnerabilidad mediante la promoción de la equidad y la cohesión social, así como la promoción de la colaboración ciudadana en materia de políticas a favor de niños y adolescentes, incluyendo su participación directa en los procesos de toma de decisiones.

Para lograr este objetivo se pueden poner en marcha distintas acciones, que han de estar fundamentadas en la búsqueda de consensos entre agentes públicos, sociales y privados con el fin de limitar y revertir los impactos de la actual crisis económica sobre la infancia. Se trataría de proyectos como la elaboración de análisis conjuntos, la coordinación de iniciativas de intervención social, la puesta en marcha de campañas de concienciación o el establecimiento de acuerdos de colaboración. A este enfoque de trabajo, UNICEF Comité Español le ha denominado Alianzas Locales por la Infancia y la Adolescencia (ALIA), el cual, junto con la participación infantil, será el principal eje de la actividad del Programa Ciudades Amigas de la Infancia para 2014 y los próximos años.

* Gregorio Aranda es Responsable de Ciudades Amigas de la Infancia. Unicef

 www.unicef.es

Imagen artículo: Mariola Lorente Arroyo

Imagen Portada: Creative Commons Diego Fernández