La formación dual en España: ¿solución a un problema o mera solución estética?

Patricia Nieto es Doctora en Derecho y profesora de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social en la Universidad Carlos III de Madrid. Sus líneas de investigación se han centrado en las nuevas formas de retribución, los sistemas de representación de los trabajadores en la empresa y en los últimos años en los mecanismos de inserción laboral de los jóvenes no titulados, habiendo realizado algunos estudios comparatistas de los sistemas de formación dual en Alemania, Suiza y Holanda además de haber realizado un análisis crítico del sistema español.

Los mecanismos de transición entre la formación reglada y el mercado de trabajo ejercen un impacto importante en la tasa de inserción laboral de los jóvenes y buena prueba de esta afirmación es que los Estados miembros donde se constata una mayor coordinación entre ambos ámbitos muestran, en términos comparados, mejores tasas de inserción laboral y sus tasas de desempleo juvenil se sitúan entre las más reducidas de Europa. Y aun así, persiste un problema estructural en torno al empleo juvenil en el seno de Unión, no sólo porque su tasa de desempleo casi duplica a la general sino porque este dato encierra notables diferencias entre jóvenes titulados y aquellos que no alcanzan la escolaridad obligatoria y a este desalentador panorama se unen las elevadas tasas de abandono escolar. Y aunque es cierto que desde el año 2000, el índice medio de abandono escolar ha descendido, los avances han sido insuficientes, y esta media encubre además grandes diferencias entre los Estados miembros. El problema es que los jóvenes que abandonan prematuramente los estudios están abocados a quedarse al margen del mercado laboral pero es que, además, cuando tienen trabajo, ganan menos, suelen tener empleos más precarios, participan menos en el aprendizaje permanente y, por tanto, se reciclan menos profesionalmente. Y lo que es más preocupante es que esta desventaja inicial se va ampliando a lo largo del ciclo vital en términos laborales y económicos.

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Ante este escenario, la Comisión Europea ha instado a la adopción urgente de medidas que palien esta situación, facilitando que los niveles de instrucción de estos jóvenes aumenten. En España, este compromiso comunitario se agrava por un comportamiento pésimo del abandono escolar y las bajísimas tasas de retorno a la formación reglada.

Para tratar de enmendar esta situación, el legislador nacional aprobó el RD 1529/2012 mediante el cual legislador laboral trata de corregir las carencias formativas de este numeroso grupo de jóvenes, sentando las bases para la implantación de la formación profesional dual en España, entendida como el “conjunto de acciones e iniciativas formativas que tienen por objeto la cualificación profesional de las personas, combinando los procesos de enseñanza y aprendizaje en la empresa y en el centro de formación”.  Programáticamente se señala que la formación se ha de configurar en el centro de gravedad del sistema educativo y laboral, incorporando de manera ciertamente novedosa una regulación unitaria a este respecto pues el texto reglamentario no solo regula los aspectos formativos del contrato para la formación y el aprendizaje sino también la impartición de la formación en el ámbito educativo al calificar también como formación profesional dual la que se imparta en el marco de los proyectos desarrollados en el ámbito de la formación reglada –art. 2.3 RD-.

Ante semejante propósito, cabe plantearse en qué medida el desarrollo reglamentario, de clara inspiración germánica, sienta las bases para la articulación de un modelo tan prestigioso como es el de formación dual o es simplemente una solución estética. Quizá el elemento que haya despertado mayores suspicacias es el referido a la participación de las empresas en el sistema educativo y aunque el referido RD exige que las mismas estén autorizadas para asumir esta formación, debiendo reunir para ello los requisitos establecidos en la normativa de aplicación, pero al tiempo se incentiva notablemente esta posibilidad, toda vez que las empresas pueden financiar “el coste de la formación inherente al contrato para la formación y el aprendizaje mediante bonificaciones en las cotizaciones empresariales a la Seguridad Social”. Pues bien, que sea la empresa la que imparta la formación aunque, a priori, no tiene porqué ser un elemento negativo sí que exige un férreo sistema de garantías para evitar que la ausencia de un sistema de eficaz y continuo control devalúe aún más el componente formativo de este tipo de contratos.

Cabe plantearse en qué medida el desarrollo reglamentario, de clara inspiración germánica, sienta las bases para la articulación de un modelo tan prestigioso como es el de formación dual o es simplemente una solución estética.

La segunda novedad que debe destacarse respecto a la recepción nacional de la formación dual es la que se refiere al régimen de impartición de la formación dual en el entorno de la formación reglada, dando así carta de naturaleza a una pretensión histórica, cuál era la expresa admisión de un sistema de participación de las empresas en los programas de formación reglada. El problema es que esta integración en la empresa no se articula a través de un vínculo contractual sino que la existencia o no de un contrato de trabajo dependerá de los términos en los que se fije esta colaboración y que en nuestro país estará contenida en la legislación de cada una de las Comunidades Autónomas. O, dicho de otro modo, el estatuto jurídico de esta colaboración se definirá a nivel autonómico en base a la asunción competencial en materia educativa. Con esta decisión, no solo no se garantiza un contrato de trabajo sino que tampoco se prevé ningún mínimo económico a estos estudiantes lo que plantea una sustancial diferencia con el modelo alemán en el que, desde el principio, los estudiantes están contratados y percibiendo un salario.

Han transcurrido cuatro años de la aprobación del texto reglamentario y este plazo nos permite hacer una expresa mención a algunas experiencias de colaboración público-privada que ya han sido desarrolladas. Y así, en la Comunidad de Madrid existe una iniciativa pionera mediante la cual varios institutos públicos han incorporado un proyecto piloto de formación en alternancia (también Extremadura o Castilla y León han impulsado igualmente proyectos piloto de formación dual); en todos estos programas parte de la formación se desarrolla en la empresa, siendo esta la competente para la selección y financiación de las becas de los alumnos que participan en el programa, no garantizándose, por tanto, un contrato de trabajo sino solo una vinculación formativa lo que nos parece un déficit muy reseñable del modelo patrio de formación dual.

Pero es que, además, la generalización de estos sistemas de formación en alternancia, esto es, en los centros educativos y en las empresas ha de llevar aparejada la existencia de empresas dispuestas a ofertar puestos susceptibles para ser cubiertos y en un tejido empresarial como el español, mayoritariamente compuesto por pequeñas y medianas empresas, será difícil garantizar la extensión de este tipo de sistemas sin el apoyo decidido de las Administraciones Públicas.

Patricia Nieto Rojas

Doctora en Derecho y profesora de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social en la Universidad Carlos III de Madrid.